EXAMEN DE OMC A POLITICAS ECONOMICAS DE COSTA RICA

El último examen de sus políticas comerciales, realizado en 2001, Costa Rica ha experimentado un sólido crecimiento económico, al tiempo que ha seguido modernizando y simplificando su régimen comercial y de inversiones, en general liberal.

Los aranceles aplicados se han mantenido prácticamente sin cambio y el uso de obstáculos no arancelarios ha sido limitado. Costa Rica ha aplicado una estrategia de promoción de las exportaciones, que puede haber alentado la inversión, pero afectado a la asignación de recursos. A este respecto, está previsto realizar reformas en el régimen de Zonas Francas para ponerlo en conformidad con las normas de la OMC.

1. El sector de agricultura, silvicultura y pesca aportó algo menos del 8 por ciento del PIB de Costa Rica pero generó aproximadamente el 34 por ciento de sus exportaciones en 2005. El apoyo del Gobierno a la agricultura es aparentemente modesto. Un pequeño número de productos agropecuarios destinados al consumo interno (carne y despojos de aves, lácteos, cebollas y chalotes, papas, arroz, embutidos y preparaciones de carnes) reciben protección arancelaria muy superior a la media. En 2003 se introdujo un nuevo sistema para la administración de los contingentes. Las importaciones fueron escasas en el caso de todos los productos respecto de los cuales Costa Rica administró contingentes arancelarios durante el período 2001-06.

2. La contribución del sector manufacturero al PIB de Costa Rica es de alrededor del 20 por ciento y su contribución a las exportaciones del 65 por ciento. Las actividades manufactureras que se realizan al amparo de regímenes comerciales especiales son de gran importancia para Costa Rica. En particular, las zonas francas se han convertido en importantes generadores de exportaciones y en un imán para la inversión extranjera. No obstante, debido a sus grandes necesidades de importaciones, las exportaciones netas de esas zonas son mucho menos significativas que las exportaciones brutas, y los lazos de las zonas con el resto de la economía siguen siendo limitados. Además, el fomento de actividades mediante regímenes especiales ha seguido creando desventajas implícitas para actividades que no gozan de incentivos similares pero que deben competir por los mismos factores de producción. También sería importante reconsiderar la razón de los diferentes incentivos en vigor en vista de la frágil situación fiscal de Costa Rica.

3. El sector de los servicios representa alrededor del 60 por ciento del PIB y el 62 por ciento del empleo. Como se ha indicado, el Estado continúa manteniendo monopolios en varias actividades. La eficiencia y costos de los servicios suministrados a través de varios monopolios del Estado son cuestionables, por lo que las autoridades están tomando pasos para permitirle al sector privado una mayor participación en algunas actividades.

4. La Lista de compromisos específicos de Costa Rica con arreglo al AGCS es limitada, ya que sólo incluye 5 de los 12 sectores especificados en el Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Costa Rica no asumió ningún compromiso en el área de telecomunicaciones pero ha ratificado el Quinto Protocolo al AGCS sobre servicios financieros. En abril de 2004, Costa Rica presentó una oferta inicial en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo aunque, a diciembre de 2006, no había presentado una oferta revisada.

5. Costa Rica permite la presencia de bancos extranjeros a través de subsidiarias pero no de sucursales. Una vez establecidos, los bancos extranjeros reciben trato nacional. Sin embargo, en la práctica, el régimen bancario costarricense sigue discriminando a los bancos privados (costarricenses y extranjeros) a través de una serie de asimetrías normativas y fiscales. En parte como consecuencia de esto, el sector bancario sigue estando dominado por los bancos propiedad del Estado. A pesar de que cada vez está más diversificado, el sector financiero sigue centrándose en la banca de intermediación tradicional. El marco normativo ha continuado estimulando las actividades de bancos costarricenses extraterritoriales cuya importancia, sin embargo, ha disminuido. Se han adoptado reformas para mejorar la supervisión del sector, pero subsisten problemas prácticos.

6. La legislación costarricense concede al Instituto Nacional de Seguros, de propiedad del Estado, el monopolio de prácticamente todos los tipos de seguros. Esto ha obstaculizado el desarrollo de los mercados nacionales de seguros y ha dado lugar a ineficiencias, limitando las opciones de los consumidores. Costa Rica no ha contraído compromisos específicos con respecto a los seguros.

7. Sector energético; la empresa estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o sus afiliados gozan de las únicas concesiones para el suministro de telefonía básica local, de larga distancia (nacional e internacional), y móvil, así como para los servicios de valor agregado, de conexión a Internet, y de comunicación satelital. El ICE goza también de la única concesión en la transmisión de energía eléctrica y controla la mayor parte del mercado de distribución, comercialización y generación de electricidad. Costa Rica limita la participación extranjera en los servicios audiovisuales; sólo se permite establecer o suministrar esos servicios a los nacionales del país.

8. Como parte de la agenda paralela a la ratificación del CAFTA-DR, la Asamblea Legislativa está examinando un proyecto legislativo para liberalizar las restricciones a la inversión en los seguros y las telecomunicaciones. Para aumentar la visibilidad previa del régimen de inversión costarricense, e impedir las distorsiones en los incentivos a la inversión, sería deseable que Costa Rica convirtiera lo acordado en dicho Tratado de Libre Comercio en nuevos compromisos multilaterales bajo el AGCS (Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios).

9. En las últimas décadas, los servicios de puertos marítimos han enfrentado problemas relacionados con los costos de operación y la insuficiente inversión en infraestructura. Los puertos marítimos deben permanecer en el dominio y control del Estado, pero se pueden otorgar concesiones a operadores privados para la prestación de servicios. En la práctica, debido a la lentitud del proceso de concesión, se han producido retrasos importantes en la modernización de la infraestructura portuaria. Las concesiones de servicio de cabotaje sólo se otorgan a ciudadanos costarricenses o a sociedades establecidas en Costa Rica y controladas por costarricenses, que deben poseer por lo menos el 60 por ciento de las acciones.

10. Los aeropuertos tampoco pueden salir del dominio y control del Estado, pero se pueden prestar servicios y desarrollar infraestructuras mediante concesiones. Se han otorgado varias concesiones, pero ha habido problemas en su aplicación. Sólo los nacionales costarricenses pueden explotar servicios de transporte aéreo local.

Con excepción de compromisos en servicios médicos y dentales, Costa Rica no cuenta con compromisos específicos en el sector de servicios profesionales en el marco del AGCS. En general, el ejercicio de casi todas las profesiones está reservado a los integrantes de los respectivos Colegios Profesionales. Los extranjeros pueden inscribirse en dichos Colegios, aunque en general tienen que cumplir requisitos adicionales a los aplicados a los costarricenses. Los requisitos de residencia se aplican en forma diferenciada dependiendo del tipo de profesión y podrían representar una barrera importante al suministro de servicios profesionales por extranjeros. A fines de 2006, se prepararon propuestas para una mayor participación de extranjeros en servicios de contaduría pública.